La semana pasada el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma que permitía mover concesiones salmoneras hasta 350 metros sin evaluación ambiental. Ahora se conoce la reacción del otro lado del mostrador, y no viene de las empresas.
Son gremios de trabajadores y de prestadores de servicios de Los Lagos y Aysén los que, por comunicado, pidieron a los parlamentarios de ambas regiones buscar un mecanismo para revisar ese fallo.
Cuál es el argumento
Dos cosas: que la decisión responde a una mirada centralista, y que puede afectar el empleo en la macrozona austral.
La vocera de la Coordinadora de Trabajadores de la Industria del Salmón y empresas afines, Marta Oyarzo, lo puso en esos términos: «Lo que más nos duele es que se estén tomando decisiones en Santiago sin saber la realidad de nosotros en el sur del país».
El presidente del gremio de proveedores acuícolas de Aysén, Jonathan McDowell, pidió levantar una mesa para revisar la situación y sostuvo que «gran influencia tuvieron las ONG en esta discusión».
La petición que llama la atención
Además de la revisión del fallo, los gremios plantearon algo más de fondo: revisar el financiamiento de las ONG medioambientales y su participación e influencia en la elaboración de normas que afectan a la industria.
Es una demanda que excede el caso puntual y que apunta a quién tiene voz cuando se escriben las reglas del sector.
Qué conviene tener claro
Que el impacto en el empleo es, por ahora, una advertencia del propio sector y no una cifra establecida: el comunicado no entrega proyecciones de puestos de trabajo afectados.
Y que quienes hablan son trabajadores y proveedores, no las compañías productoras. Es una distinción que suele perderse y que cambia cómo se lee el reclamo.
Por qué le toca a Los Lagos
Porque acá está el grueso de la industria y de su cadena de proveedores. Hace pocos días contamos que el arancel de Estados Unidos toca a 86 mil empleos del sur, la cifra que el propio sector usa para dimensionarse.
Y ocurre el mismo día en que, a pocos kilómetros, el conflicto corre en sentido contrario: tres alcaldes discuten cómo sacar las balsas jaula del lago Llanquihue. La misma industria, tensionada desde los dos extremos: la que quiere moverse más rápido y la que quiere que se vaya.
Con información de BioBioChile.