Una propuesta legislativa para crear un «Rol Único de Vándalos» ha generado un intenso debate a nivel nacional y ha sido valorada por diversas autoridades regionales. La iniciativa, impulsada por el diputado Johannes Kast, busca establecer un registro de personas que causen daños a bienes públicos o privados de uso público, con la consecuencia de suspenderles la entrega de beneficios estatales. Esta medida surge en un contexto de preocupación por los recurrentes destrozos en el espacio público, especialmente durante manifestaciones.
En qué consiste la propuesta del Rol Único de Vándalos
El proyecto de ley, que actualmente se encuentra en la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, propone una sanción directa para quienes sean condenados por delitos de vandalismo. La idea se inspira en otros registros existentes, como el de deudores de pensiones alimenticias, buscando desincentivar la destrucción de infraestructura crítica para la comunidad. 🏛️
Los puntos clave de la iniciativa son:
* Creación de un registro nacional: Inscribir a todas las personas sentenciadas por dañar propiedad pública.
* Suspensión de beneficios estatales: Quienes figuren en el rol no podrán acceder a subsidios habitacionales, bonos, pensiones no contributivas u otros apoyos sociales.
* Inhabilidad para contratos estatales: Se incluiría una pena accesoria que impediría a los registrados celebrar contratos con el Estado de forma perpetua.
Apoyos y críticas a la iniciativa
La propuesta ha encontrado tanto respaldo como oposición en distintos sectores de la sociedad, reflejando la complejidad del debate sobre seguridad y derechos sociales. Mientras algunos la ven como una herramienta necesaria para restaurar el orden, otros advierten sobre sus posibles consecuencias negativas.
Respaldo a nivel regional y nacional
Autoridades de regiones como Valparaíso han manifestado su apoyo a la medida, argumentando los altos costos que el vandalismo impone a los municipios. Solo en 2025, se han registrado más de 1.200 denuncias por daños a bienes públicos, con un costo de reparación que asciende a $2.500 millones. El respaldo ciudadano también parece ser considerable, ya que una reciente encuesta Cadem reveló que un 62% de los consultados está a favor de la creación del registro. 👍
Voces críticas y preocupaciones
Desde la oposición política, sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista han calificado la propuesta como «estigmatizante». Además, expertos en patrimonio señalan que, si bien la sanción es un elemento, la medida podría ser insuficiente si no se acompaña de políticas de prevención y reparación integral del daño. Existe también una preocupación expresada por la Defensoría de la Niñez sobre una posible discriminación hacia jóvenes que participen en manifestaciones. ⚖️
El panorama legislativo y cifras del vandalismo
El proyecto de ley tiene programada su votación en la comisión para enero de 2026, lo que definirá su avance en el Congreso. La discusión se enmarca en un contexto donde los daños a la propiedad pública siguen siendo un problema sensible. Según cifras del Ministerio del Interior, la gran mayoría de los costos de reparación se concentran en infraestructura de transporte y mobiliario urbano, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Comparaciones y antecedentes
No es la primera vez que se debate una idea similar. Una propuesta anterior, en 2020, fue rechazada por considerarse inconstitucional. Sin embargo, el actual proyecto se basa en la experiencia de leyes como la «Antibarricadas» y busca aprender de modelos internacionales. En países como Brasil y España, existen registros similares que, según informes, han contribuido a reducir los índices de vandalismo. 🌍