Seremi de Salud de Los Lagos: 9 denuncias por Ley Karin

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup Flores, enfrenta nueve denuncias presentadas por funcionarias y funcionarios de su propio servicio al amparo de la Ley Karin, la normativa que sanciona el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. A fines de julio las denuncias eran cinco.

A esas presentaciones se suman dos querellas penales y seis acciones de tutela laboral, según informaron las asociaciones de funcionarios. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) pidió públicamente su renuncia al cargo.

Ninguna de esas denuncias ha sido resuelta. Se trata de procesos en curso: nada de lo denunciado está acreditado y la autoridad mantiene su presunción de inocencia.

Qué responde la seremi

Consultada por las acusaciones, Brintrup las descartó y señaló que los funcionarios «están en su derecho a denunciar». La autoridad se mantiene en el cargo, que asumió en marzo de este año.

Existe además una acusación referida a su desempeño anterior en la Municipalidad de Puerto Montt, que también se encuentra en tramitación.

Por qué esto le importa a Frutillar

No se trata de una autoridad lejana. La Seremi de Salud de Los Lagos es el organismo que fiscaliza, sanciona y clausura en toda la región, y sus decisiones han tenido efecto directo en la comuna durante las últimas semanas.

Hace tres días, ese mismo servicio ordenó el cierre de una planta de quesos en Frutillar tras detectar listeria en sus productos. Días antes había instruido un sumario sanitario al Cementerio Católico de Puerto Montt y dispuesto el decomiso de 71 mallas de almejas con toxina paralizante en Calbuco.

Es decir: la autoridad cuestionada por su clima laboral interno es la misma que firma las medidas sanitarias que protegen a los vecinos. Por eso el estado de esas denuncias no es un asunto administrativo menor, sino una cuestión de continuidad y credibilidad del organismo que resguarda la salud pública en Los Lagos.

Qué es la Ley Karin y qué pasa ahora

La Ley 21.643, conocida como Ley Karin y vigente desde agosto de 2024, obliga a todo empleador —incluido el Estado— a investigar las denuncias de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo dentro de un plazo acotado y con medidas de resguardo para quien denuncia.

En el sector público, las investigaciones pueden derivar en sumarios administrativos y sanciones que van desde la censura hasta la destitución, según la gravedad que se acredite. Las querellas penales, en tanto, siguen su curso propio ante el Ministerio Público, y las acciones de tutela laboral se ventilan en los tribunales del trabajo.

Hasta ahora no hay resultados públicos de ninguno de esos procesos. FrutillarHoy seguirá informando sobre su desarrollo.

Fuentes: BioBioChile, SoyChile y ANEF
Fotografía: El Dínamo