Osorno suma 19 detenidos por bandas en campamentos

La Delegación Presidencial Provincial de Osorno anunció que concentrará su trabajo en la intervención de campamentos, luego de que la provincia acumulara 19 personas en prisión preventiva por delitos vinculados a bandas criminales que operaban desde asentamientos irregulares.

Las detenciones se produjeron en distintos operativos desarrollados en el sector de Rahue Alto, por causas asociadas a tráfico de drogas, tenencia de armas y crimen organizado. Todos los detenidos son ciudadanos extranjeros, según detalló la autoridad.

¿Qué se investigó en el campamento Folilche?

El anuncio llega después de que una investigación permitiera desarticular una estructura criminal ligada al Tren de Aragua en el campamento Folilche. Ese procedimiento —que informamos ayer— dejó a cinco personas de nacionalidad venezolana en prisión preventiva.

La indagatoria comenzó a partir del secuestro de un hombre ocurrido el 1 de agosto en ese mismo campamento. A raíz de esas diligencias se identificó por primera vez en la Región de Los Lagos a la facción conocida como «Los Mapaches», vinculada a la organización transnacional.

¿En qué consiste el plan de la Delegación?

El delegado presidencial provincial, Alejandro Rehbein, explicó que el primer paso es distinguir la propiedad de los terrenos: separar los campamentos emplazados en suelo fiscal de aquellos que ocupan predios de particulares. Sobre estos últimos, señaló que se ha invitado a los propietarios a ejercer las acciones civiles que correspondan para recuperar sus terrenos.

En paralelo, la Delegación ofició a la PDI, al Ministerio Público y a la Municipalidad de Osorno para recopilar información actualizada sobre los 22 campamentos que existen en la comuna. El objetivo declarado es identificar en cuáles operan puntos de acopio y venta de drogas, y actualizar el catastro.

¿Qué pasa con quienes viven ahí y no delinquen?

Es la pregunta que suele quedar fuera de este tipo de anuncios, y la autoridad la abordó de manera explícita. Rehbein sostuvo que el crecimiento de los campamentos en la provincia obliga a una estrategia integral que combine seguridad con políticas sociales, y descartó intervenciones masivas sin planificación.

El objetivo, según planteó, es erradicar los focos delictuales sin afectar a las familias que no tienen participación en actividades delictivas. En la práctica, eso supone que el catastro distinga entre quienes viven en un campamento por necesidad habitacional y quienes lo usan como base de operaciones.

Las investigaciones de la Fiscalía y la PDI continúan para establecer si existen otras ramificaciones de organizaciones criminales transnacionales en la provincia.

Fuente: Delegación Presidencial Provincial de Osorno y BioBioChile