Contraloría: Irregularidades en licencias de La Granja y San Ramón
Contraloría revela licencias de conducir entregadas a personas privadas de libertad, condenados y deudores de alimentos en La Granja y San Ramón.
La Contraloría General de la República ha detectado irregularidades en la entrega de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón, ambas ubicadas en la Región Metropolitana. Las auditorías revelaron diversas inconsistencias en los procesos de emisión de estos documentos.
Hallazgos en La Granja
Irregularidades en Licencias Otorgadas
En el municipio de La Granja, se identificaron tres personas que obtuvieron licencias de conducir mientras cumplían penas privativas de libertad. Además, se registraron otorgamientos del documento a individuos condenados y a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entre los años 2018 y 2024, un total de 884 licencias fueron concedidas a personas que contaban con condenas.Irregularidades Identificadas en San Ramón
Detalle de Otorgamientos
Por su parte, la municipalidad de San Ramón presentó hallazgos similares. Se detectó la entrega de una licencia a una persona que se encontraba privada de libertad. Asimismo, entre los años 2023 y 2024, se otorgaron licencias a 73 personas condenadas y a 55 ciudadanos que figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.Deficiencias Comunes en los Procesos
Los informes de Contraloría también señalaron problemas recurrentes en los procesos de ambas comunas. Se observó que las evaluaciones no acreditaban adecuadamente los requisitos mínimos necesarios, tales como coordinación motriz, agudeza visual y pruebas psicométricas. Adicionalmente, se registraron deficiencias en el manejo documental, con antecedentes guardados de forma inadecuada. La auditoría también identificó cobros fuera de las normativas establecidas y diferencias por ingresos no regulados.
Medidas Adoptadas
Como consecuencia de estos hallazgos, la Contraloría ha dispuesto el inicio de sumarios administrativos para determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso. Además, se han remitido los antecedentes recopilados a la Fiscalía para su investigación.