Regional

Fraude informático en Osorno termina con destituciones

La Corte Suprema validó sanciones por adulteración del sistema municipal de asistencia en Osorno.

SJ
Fachada de la Municipalidad de Osorno

La Corte Suprema confirmó la legalidad de las destituciones y sanciones aplicadas a funcionarios de la Municipalidad de Osorno por la adulteración del sistema de asistencia municipal, un caso que ahora mantiene una arista penal bajo investigación.

Qué resolvió la Corte Suprema

De acuerdo con los antecedentes publicados por la fuente, la Tercera Sala del máximo tribunal validó definitivamente las medidas adoptadas tras un sumario administrativo instruido por el municipio.

El caso se relaciona con una intervención en la plataforma del Sistema de Gestión Municipal, SMC, que habría permitido generar saldos irregulares de horas compensadas para personal municipal.

Investigación penal sigue abierta

El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, descartó que se tratara de un hackeo externo y señaló que los antecedentes apuntan a una intervención deliberada dentro del sistema. La autoridad indicó que el Ministerio Público investiga las eventuales responsabilidades penales, con diligencias de la PDI.

Puntos centrales del caso

    • La adulteración afectó el sistema municipal de asistencia.
    • Se detectó la eliminación maliciosa de 49 actos administrativos.
    • El sumario municipal terminó con destituciones y sanciones.
    • La Corte Suprema validó la legalidad de las medidas aplicadas.
    • La Fiscalía mantiene una investigación penal en curso.

Municipio apunta a reforzar controles

La información disponible señala que una auditoría forense detectó vulnerabilidades de control interno, entre ellas la asignación de privilegios de superusuario a personal no calificado.

Frente a ese escenario, la administración municipal pidió a la empresa proveedora del software aplicar protocolos de seguridad y parches informáticos permanentes. Además, el alcalde indicó que el Consejo de Defensa del Estado será involucrado una vez que el Ministerio Público determine formalizaciones.

El caso tiene impacto en la confianza pública local, porque involucra el uso de sistemas internos del municipio y la trazabilidad de registros administrativos vinculados al personal.

Fuente: Paislobo