Corte de Puerto Montt ordena a SUBPESCA revelar datos sobre concesiones salmoneras
El tribunal ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia, obligando a hacer públicos los documentos sobre las relocalizaciones en áreas protegidas.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ha emitido un fallo unánime que exige a la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) hacer pública la información relacionada con los procesos de relocalización de concesiones salmoneras. Esta decisión ratifica el dictamen del Consejo para la Transparencia y marca un precedente significativo respecto al acceso a la información en sectores de alto interés público.
La disputa por la transparencia
El conflicto legal se originó cuando diversas organizaciones solicitaron acceso a los antecedentes y documentos que detallan cómo se están gestionando las concesiones acuícolas, particularmente aquellas ubicadas en o cerca de áreas silvestres protegidas. Ante la negativa inicial de entregar gran parte de los datos requeridos, el caso fue escalado al Consejo para la Transparencia, entidad que falló a favor de la divulgación de la información.
Frente a esta resolución, las empresas involucradas en la industria salmonera intentaron frenar la publicación de los datos mediante un reclamo de ilegalidad. Sin embargo, el tribunal de alzada de Puerto Montt desestimó este recurso, reafirmando que los documentos deben ser conocidos por la ciudadanía, a excepción de los aspectos financieros, contables y tributarios, los cuales serán resguardados.
Implicancias para la industria y el medioambiente
La orden judicial permite que se ejerza un mayor control y fiscalización ciudadana sobre las decisiones administrativas que afectan los ecosistemas del sur de Chile. En el contexto actual, donde se debate la relocalización de concesiones que operan al interior de parques y reservas nacionales, el acceso a estos antecedentes resulta fundamental para comprender la hoja de ruta que seguirán las autoridades competentes.
Este nivel de transparencia es clave para asegurar que los procesos de reubicación cumplan con la normativa ambiental vigente y consideren las inquietudes de las comunidades locales. Mientras tanto, las compañías del sector han elevado la controversia a la Corte Suprema mediante recursos adicionales, a la espera de un veredicto definitivo en la máxima instancia judicial.