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Una situación legal imprevista ha llevado a la Municipalidad de Puerto Montt a tomar la decisión de reintegrar a 54 funcionarios del área de la salud, quienes habían sido desvinculados recientemente. La medida responde a una prohibición legal que impide realizar despidos durante periodos electorales, generando un nuevo capítulo en el plan de reestructuración municipal.

El Origen de los Despidos y el Vuelco Legal

La controversia se originó tras una investigación de la Contraloría General de la República que detectó a 359 funcionarios de salud viajando al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Como resultado, la administración municipal inició 88 sumarios que concluyeron con la destitución de 54 trabajadores y sanciones menores para otros.

Sin embargo, el proceso dio un giro inesperado. Osvaldo Emhardt, director jurídico del municipio, confirmó que los despidos contravienen una normativa electoral vigente. Un dictamen de octubre establece que la prohibición de desvincular funcionarios se aplica también a los sumarios originados por Contraloría pero gestionados por otras entidades públicas.

La Protección que Otorga la Ley Electoral

La ley es clara al respecto ⚖️: no se pueden aplicar sanciones de destitución 30 días antes ni 60 días después de cualquier elección. Debido al calendario electoral, que contempla una posible segunda vuelta presidencial, los funcionarios deberán ser reintegrados a sus labores y permanecer en sus cargos al menos hasta mediados de febrero de 2026. A pesar de esto, desde el municipio se ha aclarado que la sanción de destitución sigue vigente y se aplicará una vez finalizado el periodo de protección.

Preocupación en los Gremios de la Salud

La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) ha manifestado su profunda preocupación por la manera en que se llevaron a cabo los procesos. Jury Nova, presidenta regional del gremio, calificó los sumarios como «irregulares e indebidos», argumentando que estuvieron sesgados para sancionar y no ofrecieron las garantías mínimas de un debido proceso a los investigados.

Frente a la postura del municipio de hacer efectivas las desvinculaciones en el futuro, desde la Confusam anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados. El gremio ya prepara acciones legales, incluyendo la interposición de recursos de protección por la vulneración de derechos fundamentales en el trabajo, buscando resguardar la estabilidad de sus asociados.

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