La PDI y la Fiscalía investigan a la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco
Pesquisa por $300 millones y lobby irregular llegó al Senado. Te contamos los detalles del caso y el impacto institucional de esta diligencia.
Efectivos de la PDI y personal de la Fiscalía Regional de Valparaíso ingresaron este día a las dependencias del Senado en el marco de una investigación contra la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco. La diligencia busca recabar antecedentes sobre un esquema que habría operado por siete años y que involucra millones de pesos retenidos a asesores parlamentarios.
Los detalles de la investigación por fraude al fisco
La pesquisa, liderada por la fiscal Paola Castiglione, se originó tras denuncias que señalan que la parlamentaria de Renovación Nacional habría exigido una parte de los sueldos de sus asesores durante su etapa como diputada. Este tipo de prácticas, conocido coloquialmente como "devolución de sueldos", ha sido motivo de escrutinio en otros casos, pero en esta oportunidad la magnitud de los montos llama la atención.
Según los antecedentes entregados a la Fiscalía, el esquema habría funcionado de la siguiente manera:
- El periodo de operación habría abarcado siete años.
- Se habrían recaudado cerca de $300 millones.
- El método habría sido la retención de asignaciones parlamentarias destinadas al pago de los asesores.
El caso cobró un nuevo impulso procesal luego de que un exasesor de Flores entregara testimonios clave al Ministerio Público. A estas declaraciones se suman antecedentes concretos: cartolas bancarias y registros de mensajería que permitirían trazar con precisión el destino del dinero retenido.
La arista de lobby irregular y la Reforma Notarial
Además del presunto fraude al fisco, la investigación abrió una segunda arista relacionada con un posible lobby irregular. Esta línea se vincula directamente con la tramitación de la Ley de Reforma Notarial en 2025.
La Fiscalía indaga los vínculos de la senadora con gremios del sector notarial. Esto cobra relevancia porque Flores participó de manera activa en las comisiones legislativas que definieron los criterios de nombramiento de notarios y conservadores. Determinar si hubo algún tipo de influencia indebida en beneficio de estos gremios a cambio de favores es parte de los objetivos de la indagatoria.
El impacto institucional y los próximos pasos
El ingreso de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía al Congreso Nacional no es un hecho menor. Marca un punto de inflexión en la causa, demostrando la voluntad del Ministerio Público de avanzar en la consolidación de evidencia sobre estos presuntos delitos funcionarios, incluso en los espacios de mayor representatividad política del país. Este tipo de diligencias genera un impacto institucional fuerte, ya que se trata de un edificio que goza de un estatus especial, pero que frente a una orden judicial debe acatar las instrucciones del tribunal correspondiente.
El rol del Consejo de Defensa del Estado
Para este jueves, la agenda judicial del caso tiene un hito importante: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) revisará los antecedentes. El objetivo del organismo es decidir si asume una intervención formal en el caso. Cuando se investigan delitos contra el patrimonio del Estado, la presencia del CDE es fundamental para resguardar la posibilidad de recuperar los dineros que eventualmente habrían sido defraudados.
La decisión que tome el CDE este jueves será clave para el futuro patrimonial de la causa. Si el organismo decide hacerse parte, se sumará a la persecución penal con el objetivo de velar por el resarcimiento del daño al Estado, lo que suele traducirse en acciones civiles dentro del mismo proceso penal.
El peso de las asignaciones parlamentarias
Las asignaciones parlamentarias son recursos públicos destinados al funcionamiento de las oficinas de los legisladores, incluyendo la contratación de personal asesor. Cuando se produce una retención irregular de estos fondos, se atenta directamente contra el erario nacional y se vulneran los derechos de los funcionarios involucrados. La investigación liderada por la fiscal Castiglione busca esclarecer precisamente cómo operaba este mecanismo y quiénes resultaron perjudicados, mientras esperamos los movimientos judiciales de las próximas semanas.