Una grave denuncia que apunta directamente al corazón del Gobierno ha sido lanzada por el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, quien acusa al Presidente Gabriel Boric de «proteger a un violador de menores» a través de una cuestionada decisión administrativa. La polémica se encendió tras el traslado de Pedro Mardones, condenado por delitos de abuso sexual infantil, a la cárcel de Punta Peuco.
La Denuncia que Remece al Gobierno
Con un tono firme, el diputado Kaiser ha levantado la voz 🗣️ para cuestionar las prioridades del actual gobierno. Según el parlamentario, la decisión de trasladar a un violador de menores como Mardones a un penal como Punta Peuco, a menudo asociado con condiciones más favorables, es una señal inaceptable que atenta contra el sentido común y la justicia para las víctimas.
«Lo que estamos viendo es una administración que, bajo el pretexto de decisiones administrativas, termina beneficiando a criminales peligrosos», señaló el diputado, enfatizando que su rol es fiscalizar y denunciar este tipo de acciones que generan una profunda desconfianza en la ciudadanía.
Punta Peuco: ¿Un Recinto de Privilegios?
El centro de la controversia radica en el destino del traslado. La cárcel de Punta Peuco ha sido históricamente objeto de debate, y la inclusión de un violador de menores como Mardones en este recinto levanta serias interrogantes. Para Kaiser, esta acción del gobierno envía un mensaje equivocado, sugiriendo que existen categorías de criminales y que algunos pueden acceder a condiciones que no se corresponden con la gravedad de sus delitos ⚖️.
La Respuesta del Oficialismo y las Dudas que Persisten
Desde el oficialismo se han defendido argumentando que el traslado corresponde a un procedimiento administrativo estándar tras el cierre de otro penal. Sin embargo, para el diputado Kaiser y otros sectores, esta explicación no es suficiente y no aborda el fondo del asunto: la gravedad del crimen y el simbolismo de trasladar a un violador de menores a este recinto. 🤔
La polémica está lejos de terminar, y el diputado ha insistido en que seguirá exigiendo transparencia y respuestas claras por parte del Ejecutivo, para que se aclare por qué se tomó una decisión que, a su juicio, protege a un criminal en lugar de velar por la seguridad y la justicia que merecen los chilenos.