Una profunda consternación sacude a la comunidad hospitalaria de Osorno y a toda la Región de Los Lagos, luego de que el director subrogante del Hospital Base, Julio Vargas, pidiera públicamente disculpas por las serias deficiencias institucionales que permitieron las brutales vejaciones y torturas a un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este lamentable episodio ha puesto en tela de juicio los protocolos internos y la protección de los trabajadores en el sector público, desencadenando una urgente necesidad de revisión y reforzamiento de las políticas laborales.
Director (s) Pide Perdón y Ofrece su Cargo por Fallas en Hospital de Osorno
Julio Vargas, director (s) del Hospital Base de Osorno, asumió la responsabilidad institucional por los lamentables hechos de tortura contra un exfuncionario. En una entrevista con Radio Bío Bío en la ciudad, Vargas expresó la «consternación de toda la comunidad hospitalaria», señalando que este suceso ha impactado fuertemente a una institución que, hasta hace poco, se destacaba entre los tres mejores hospitales de alta complejidad en Chile. El director (s) incluso manifestó que su renuncia está disponible si se considera necesaria para la recuperación y el bienestar del hospital.
👉 La declaración de Vargas subraya la gravedad de las fallas que permitieron que actos de violencia se desarrollaran impunemente durante años.
El Crudo Detalle de la Tortura y sus Implicados
Los hechos, que se extendieron entre 2018 y 2020, salieron a la luz pública a través de la difusión de impactantes videos. Estos registraban torturas físicas y psicológicas, agresiones verbales, vejaciones reiteradas y la divulgación no autorizada de imágenes íntimas de la víctima, perpetradas por cuatro colegas del área informática del hospital. La víctima, un funcionario con diagnóstico TEA, sufrió un grave daño personal y profesional que ha conmocionado a la opinión pública.
Tras la formalización el 5 de septiembre de 2025, el Juzgado de Garantía de Osorno imputó a los cuatro extrabajadores por el delito de tortura reiterada:
- 🔒 Prisión Preventiva: Dos de los imputados.
- 🏠 Arresto Domiciliario Total: Los otros dos extrabajadores, con prohibición de comunicarse con la víctima y su familia.
El tribunal fundamentó estas medidas cautelares en la peligrosidad que los imputados representan tanto para la víctima como para la sociedad.
Respuestas Institucionales y Cronología de la Denuncia
Vargas aclaró que, desde el primer día de la divulgación de los videos, el hospital presentó una denuncia formal por la filtración de antecedentes, la cual, según él, afectó el curso de la investigación y revictimizó al afectado. Desmintió además que la Fiscalía haya sido informada del caso solo por los medios de comunicación, afirmando que todos los videos y antecedentes fueron entregados al Ministerio Público en junio de 2024.
🗣️ «El Ministerio Público da por tomado los antecedentes el 5 de junio del 2024», enfatizó Vargas, buscando esclarecer la cronología de los hechos y la colaboración del hospital con la justicia.
Revisión de Protocolos y Clamor por la Justicia
El director (s) reconoció la existencia de «fallas institucionales graves» y la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos internos. Propuso trabajar en conjunto con los gremios y autoridades competentes para evitar la repetición de situaciones similares. Entre las medidas a evaluar, se mencionó la posibilidad de derivar directamente a organismos externos, como el Ministerio Público o la Contraloría, aquellos sumarios que involucren conductas delictivas.
La gravedad del caso ha provocado la enérgica condena de diversas organizaciones:
- 🚨 El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentaron querellas, exigiendo acciones rigurosas para proteger a personas neurodivergentes y erradicar la violencia en los entornos laborales públicos.
- ⏳ Organizaciones sindicales han calificado como «inaceptable» la demora crítica de más de un año en la resolución del sumario administrativo interno inicial, realizado en 2020, que fue sobreseído sin acreditar maltrato laboral.
Este escándalo ha generado un amplio rechazo social en la Región de Los Lagos, impulsando un debate nacional sobre la protección de los funcionarios públicos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, y la creación de ambientes laborales libres de violencia y discriminación en todo Chile. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, también se sumó a las disculpas, reafirmando el compromiso de las autoridades de salud para abordar esta compleja situación.