La reciente fuga de un sicario vinculado al «Rey de Meiggs» ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema judicial chileno y la coordinación entre sus instituciones. Este incidente, que involucra el uso de identidades falsas y el ingreso irregular de extranjeros, ha generado una profunda preocupación en la opinión pública. La situación ha sido calificada por expertos como una «falla estructural» que va más allá de la simple desprolijidad administrativa, revelando una desconexión entre la realidad del país y el funcionamiento de sus organismos.
La Fuga que Remece los Cimientos Institucionales
El caso del sicario venezolano, quien ingresó al país por un paso no habilitado y fue liberado por una jueza sin una resolución formal de respaldo, ha expuesto graves deficiencias. El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha señalado la ausencia de una práctica obligatoria de verificación de identidad de los imputados antes de 2023, lo que facilitó la suplantación. Además, la actuación del Poder Judicial ha sido cuestionada por la existencia de una única resolución con tres comunicaciones distintas, lo que Valencia considera «más grave» que una simple desprolijidad.
Un «País Imaginario» Frente a la Realidad
Para Rodrigo Durán Guzmán, académico y magíster en comunicación estratégica, este suceso es un síntoma de una estructura institucional superada por las nuevas dinámicas delictivas. Durán argumenta que Chile se ha acostumbrado a un «país imaginario» donde la teoría difiere de la práctica. La falta de coordinación entre los organismos estatales y el uso de identidades falsas por parte de extranjeros que ingresan irregularmente, son factores que minan la confianza ciudadana.
Erosión de la Confianza Ciudadana
La liberación de un sicario sin una verificación adecuada de su identidad genera una profunda desconfianza en las instituciones. La ciudadanía espera que el sistema judicial actúe con rigor y transparencia, y casos como este socavan esa expectativa. La legitimidad del sistema se ve comprometida cuando se perciben fallas tan evidentes en los procesos.
La Necesidad de Recuperar el Control
El Ministerio Público ha iniciado una causa penal por este «anómalo» y grave incidente. Sin embargo, para especialistas como Durán, el problema es más profundo. Es imperativo que el Estado recupere el control, no solo en términos de seguridad, sino también en lo que respecta a la responsabilidad institucional y la verdad procesal. La situación actual exige una revisión exhaustiva de los protocolos y una mayor coordinación entre las entidades involucradas para evitar que este tipo de fallas se repitan y para restaurar la confianza en el sistema.
