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Destitución en Hospital Osorno: Torturas a Extrabajador TEA

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La comunidad de Osorno y la Región de Los Lagos se ha visto conmocionada por la destitución de cuatro funcionarios del Hospital Base San José de Osorno, quienes fueron encontrados responsables de torturas y vejámenes contra un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) entre los años 2018 y 2020. Este grave caso, revelado por Denuncias BBCL y Radio Bío Bío, ha generado una respuesta enérgica del Ministerio de Salud (Minsal) y ha impulsado una profunda investigación judicial, buscando justicia y reforzando la protección de los derechos humanos.

Crueles Actos De Humillación y Agresión en el Hospital de Osorno

Los informes detallan que Rodrigo Reyes Melo (50), Erardo, Jhonatan y Jairo, los funcionarios destituidos, sometieron a la víctima a una serie de agresiones físicas y humillaciones. Estos actos incluyeron:

  • 🪒 Rapado forzado.
  • 🔥 Quemaduras con vapor.
  • 🛑 Asfixia.
  • Threats Amenazas constantes.

Estas vejaciones ocurrieron mientras el extrabajador realizaba un reemplazo en la institución, sufriendo hostigamiento por parte de sus propios compañeros. A pesar de que las agresiones fueron objeto de un sumario interno, lamentablemente, inicialmente no se aplicaron sanciones, y algunos responsables continuaron percibiendo salarios íntegros, incluso estando suspendidos.

Respuesta Inmediata del Ministerio de Salud y Acciones Tomadas

Tras la difusión pública de este lamentable suceso, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, actuó con celeridad, oficiando al Servicio de Salud de Osorno para recabar todos los antecedentes y ordenar medidas disciplinarias urgentes. Las acciones tomadas por el Minsal incluyen:

  • Destitución inmediata: Los cuatro funcionarios involucrados fueron destituidos de sus cargos.
  • 👨‍⚖️ Enviado especial: Se designó un abogado del gabinete ministerial como enviado especial para supervisar la situación en el hospital.
  • 🏛️ Entrega de antecedentes al INDH: Todos los documentos y resultados del sumario fueron remitidos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para su análisis y seguimiento.
  • 📝 Nuevo sumario administrativo: La Subsecretaría de Redes Asistenciales ordenó la apertura de un sumario administrativo por omisión de denuncia a Fiscalía por parte de los directivos de la época y una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos que llevaron al sobreseimiento inicial de los involucrados.

Investigación Judicial en Curso y Desmentido de la Fiscalía

En paralelo a las acciones administrativas, la Fiscalía de Osorno abrió una investigación de oficio, tras constatar que los videos que evidenciaban las torturas no habían sido denunciados previamente. Este hecho desmintió las versiones oficiales iniciales proporcionadas por la Dirección del Hospital de Osorno y el Servicio de Salud.

La fiscal jefe, María Angélica de Miguel, confirmó que los nuevos antecedentes son motivo de una profunda indagación y que no se descarta la formalización por el grave delito de tortura. La Fiscalía ha tomado contacto directo con la víctima y ha instruido a un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar a cabo las diligencias investigativas.

El Rol del Comité para la Prevención de la Tortura y la Indignación Social

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), organismo dependiente del INDH, emitió un comunicado condenando enérgicamente estos hechos y subrayando la responsabilidad del Estado en garantizar un entorno laboral seguro y libre de discriminación, especialmente para personas neurodivergentes. El CPT enfatizó que estos episodios reflejan prejuicios estructurales que perpetúan la violencia y atentan contra la dignidad de los funcionarios públicos, haciendo un llamado a promover una cultura de respeto y derechos humanos en todas las instituciones.

Este caso ha generado una amplia indignación social, destacando la gravedad de los actos cometidos dentro de un centro de salud y la imperiosa necesidad de implementar acciones contundentes para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. La destitución de los funcionarios y la investigación judicial en curso buscan no solo dar una respuesta firme a años de abusos documentados, sino también reclamar justicia para la víctima y reafirmar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la denuncia, así como la necesidad de una vigilancia constante en todas las instituciones para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de cada individuo.

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