La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación formal en la Municipalidad de Puerto Montt, poniendo el foco en una serie de contrataciones a honorarios cuyos sueldos, que oscilan entre 1 y 3 millones de pesos, no parecerían corresponder con la formación técnica o profesional de los involucrados. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia en la administración actual.
Sueldos bajo la lupa de Contraloría
La indagatoria busca esclarecer si las remuneraciones asignadas se ajustan a la normativa vigente, que exige una correspondencia entre el sueldo y las capacidades académicas de los contratados. 🔍 Desde el municipio, el alcalde Rodrigo Wainraihgt ha defendido las contrataciones, argumentando que se basaron en la valiosa experiencia que estos funcionarios poseen en el ámbito público.
No obstante, el edil ha manifestado su disposición a colaborar con el ente fiscalizador. «Si la Contraloría nos indica que los cargos no son compatibles con sus profesiones u oficios, se reducirán los salarios de los trabajadores cuestionados», aseguró Wainraihgt, abriendo la puerta a posibles ajustes salariales una vez que concluya la investigación.
Los nombres y vínculos en el centro de la polémica
La investigación se centra en un grupo específico de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios. Entre los funcionarios cuyos contratos están siendo revisados se encuentran figuras conocidas en el ámbito político local:
- Juan Cuitiño: Exconcejal vinculado al Partido Liberal.
- Luis Machado Quiroga: Quien tendría una relación empresarial con el actual administrador municipal.
- Juan Ortiz: Excandidato a concejal por la UDI.
- Vanessa Almendra: Excandidata a concejal por RN y exsecretaria del alcalde durante su período como concejal.
- Iván Vera: Presidente de la Red de Colegios Patagonia.
El alcalde Wainraihgt ha negado rotundamente que estas contrataciones respondan a «favores políticos», insistiendo en que la experiencia en el sector público es el principal justificativo. Sin embargo, la investigación de Contraloría determinará si este criterio es suficiente para validar los altos sueldos asignados, ya que la normativa sobre contratos a honorarios suele ser estricta para evitar irregularidades y asegurar la probidad administrativa. El caso sigue en desarrollo a la espera del informe final del organismo fiscalizador.