En un reciente fallo judicial, el encargado de un laboratorio vinculado al Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) ha sido condenado por obstaculizar una fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en 2018. Esta sentencia subraya el compromiso de las autoridades con la transparencia y el cumplimiento normativo en el sector acuícola, vital para la Región de Los Lagos.
Contexto de la Fiscalización de Sernapesca 🧐
La intervención de Sernapesca en el laboratorio del CIBA se originó en 2018, en el marco de su autorización como laboratorio de patología de peces. El objetivo principal era auditar los análisis y el seguimiento de casos acuícolas reportados, o la ausencia de estos. La alerta se encendió debido a que el laboratorio no había informado ningún resultado positivo de análisis al Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA), una obligación legal para todos los laboratorios del rubro.
Dificultades Enfrentadas Durante la Inspección 🚧
Desde el comienzo, la inspección se vio entorpecida. Inicialmente, se argumentó la ausencia del encargado del laboratorio, una justificación que no es válida para impedir las acciones del Servicio. Una vez que la fiscalización pudo iniciarse, los funcionarios de Sernapesca enfrentaron nuevas barreras:
* ❌ Acceso bloqueado a la información requerida.
* 🚫 Dificultades para rastrear la trazabilidad de casos, incluyendo registros de ingresos, lecturas de resultados, cierres de informes y reportes al Servicio.
Ante la persistente obstrucción, fue necesaria la intervención de Carabineros y la mediación con el abogado del encargado del laboratorio para poder concluir la inspección y la revisión documental.
Respaldo a la Labor Fiscalizadora y la Sentencia ⚖️
Cristian Hudson, director regional de Sernapesca, enfatizó la gravedad de la situación. «Obstaculizar la labor fiscalizadora que se ampara en la Ley General de Pesca y Acuicultura artículo 122 a, es una falta grave y es algo que como servicio fiscalizador no podemos permitir», declaró. La sentencia dictada por el 2° Juzgado Civil de Puerto Montt respaldó la postura de Sernapesca, valorando la importancia de su función para asegurar que la actividad acuícola se desarrolle de forma responsable y en estricto apego a la ley.
El encargado del laboratorio fue condenado al pago de una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), tras ser declarado infractor del artículo 122 y 121 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Este fallo reafirma el compromiso de las autoridades con la supervisión y el cumplimiento de las normativas que regulan una de las industrias más relevantes para la economía de la Región de Los Lagos.