El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ha revelado un aumento importante en las incautaciones de productos de la pesca ilegal en los últimos años, lo que demuestra un esfuerzo mayor en la fiscalización. Sin embargo, este incremento en la detección no se ha traducido en un aumento proporcional de sanciones judiciales, dejando un alto porcentaje de denuncias sin resolución en los tribunales.
Más fiscalización, más incautaciones
Según la información entregada por la directora nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, la cantidad de toneladas incautadas por pesca ilegal ha crecido de manera considerable. Pasamos de 1.281 toneladas en 2023 a 3.498 toneladas proyectadas para 2025. Esta cifra refleja un fortalecimiento en las labores de fiscalización que realiza Sernapesca a lo largo de todo el país, incluyendo nuestra Región de Los Lagos, donde la actividad pesquera es vital.
Este aumento en las incautaciones es una señal clara de que las autoridades están poniendo más ojo en combatir esta actividad ilícita que tanto daño hace a nuestros recursos marinos y a los pescadores que sí cumplen con la ley. Es un esfuerzo que busca proteger la sostenibilidad de la pesca y la equidad en el sector.
El nudo en los tribunales: 96% de denuncias sin sanción
A pesar del incremento en las incautaciones, el panorama cambia drásticamente al revisar el avance de estas causas en el sistema judicial. De las 4.503 denuncias por pesca ilegal presentadas por Sernapesca entre 2021 y 2025, un preocupante 96% aún no registra sanciones. Esto significa que la gran mayoría de los casos detectados y denunciados no llegan a una conclusión judicial efectiva.
El desglose de estas cifras es aún más revelador:
- El 93,5% de los casos se mantiene en tramitación, es decir, siguen su curso sin una resolución final.
- Un 2,6% de las causas está paralizado, sin avances en el proceso.
- Solo alrededor del 4,5% de las denuncias ha logrado concluir con una sanción o resolución.
En 2025, se registraron además 966 citaciones a tribunales, lo que demuestra que la persecución administrativa de la pesca ilegal está aumentando. Sin embargo, la baja efectividad en el cierre de los procesos judiciales representa un desafío enorme y un cuello de botella que impide que el esfuerzo de fiscalización se traduzca en justicia y disuasión real para quienes infringen la ley.
Impacto de la pesca ilegal en nuestra Región de Los Lagos
Para nosotros, los habitantes de la Región de Los Lagos, esta situación tiene una relevancia directa. Nuestra región es un pilar fundamental de la actividad pesquera y acuícola de Chile. La pesca ilegal no es solo un problema de números; afecta directamente a:
- Nuestros recursos marinos: La extracción no regulada agota las poblaciones de peces y mariscos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de especies clave para nuestra economía y ecosistema.
- Los pescadores artesanales y la industria legal: Quienes cumplen con las cuotas, vedas y normativas se ven perjudicados por la competencia desleal. La pesca ilegal puede deprimir los precios y reducir las oportunidades para quienes trabajan honestamente.
- La economía local: Al afectar la sostenibilidad de los recursos, se pone en riesgo el sustento de miles de familias que dependen directa o indirectamente de la pesca y la acuicultura en caletas y puertos de nuestra región.
- La confianza en el sistema: Si las denuncias no se traducen en sanciones, se genera una sensación de impunidad que puede desincentivar el cumplimiento de la ley y el esfuerzo de fiscalización.
Es fundamental que el esfuerzo de Sernapesca en la detección y fiscalización sea complementado con procesos judiciales más ágiles y efectivos. Solo así podremos asegurar que la pesca ilegal sea realmente combatida y que nuestros valiosos recursos marinos, tan importantes para la Región de Los Lagos, sean protegidos para las futuras generaciones.