La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó, en un fallo unánime emitido el 19 de marzo de 2026, la medida cautelar de prisión preventiva contra las abogadas Susana Andrea Cortés Karmy y Andrea Verónica Romero Jara. Ambas profesionales están imputadas por delitos de corrupción judicial que habrían sido cometidos en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2024.
Confirmación de Medida Cautelar
La resolución de la Corte de Apelaciones, que desestimó los recursos de apelación presentados por las defensas, mantuvo la decisión original del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. El tribunal superior consideró que la libertad de las imputadas representa un peligro para la seguridad de la sociedad y podría obstaculizar el éxito de la investigación en curso.
Detalles de los Cargos Imputados
A las abogadas se les imputan diversos cargos, entre los que se incluyen asociación ilícita, prevaricación, cohecho, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos, tráfico de drogas, tráfico de armas y obstrucción a la investigación. Según los antecedentes presentados, las profesionales habrían coordinado acciones con funcionarios judiciales para influir en audiencias, gestionar citas privilegiadas y acceder indebidamente a información de la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía, con el propósito de favorecer a clientes vinculados a redes de narcotráfico y tráfico de armas.
En el contexto de la red delictiva, las imputadas son acusadas de cohecho propio, encuadrado en el artículo 248 bis del Código Penal, al ofrecer beneficios a cambio de agendar audiencias y ejecutar actos contrarios a los deberes de funcionarios. Asimismo, se les imputa prevaricación de abogado, conforme al artículo 231 del Código Penal, por acciones que supuestamente beneficiaban sus intereses profesionales.
Alcance de la Investigación
La investigación no se limita a las abogadas Cortés Karmy y Romero Jara. Otras medidas cautelares fueron dictadas para imputados relacionados con este caso. El funcionario judicial Nelson Sáez Reyes, encargado de actas, quedó con arresto domiciliario total por cohecho reiterado. Adicionalmente, un exdefensor público fue puesto bajo arresto domiciliario nocturno por violación de secreto.
La fiscal Andrea Mansilla ha señalado que la investigación continúa abierta y se indaga la posible participación de más personas. El tribunal de primera instancia no descartó la posibilidad de añadir nuevas calificaciones a los delitos durante el juicio oral.
Proceso Judicial en Curso
Es importante destacar que este es un proceso en desarrollo. Conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, los imputados gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme que determine su culpabilidad. La autoridad judicial competente continuará recabando y analizando las pruebas pertinentes para el esclarecimiento total de los hechos.