La Corte de Apelaciones de Puerto Montt falló de manera unánime contra los intentos de AquaChile (perteneciente al grupo Agrosuper) de mantener en reserva la información relacionada con los procesos de relocalización de concesiones salmoneras que actualmente operan al interior de parques nacionales en la Patagonia. Con esta decisión, se ratifica el dictamen previo del Consejo para la Transparencia que obliga a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) a hacer públicos dichos antecedentes.
Transparencia en el proceso de relocalización
El conflicto legal se originó cuando, hace casi un año, se solicitó a Subpesca la documentación vinculada al compromiso de relocalización de nueve concesiones acuícolas situadas en zonas de alta sensibilidad medioambiental, como el Parque Nacional Isla Magdalena, la Laguna San Rafael y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Esta documentación incluye informes, resoluciones, oficios y correos electrónicos entre los servicios del Estado y las empresas involucradas.
A pesar de que Subpesca inicialmente denegó gran parte de la información, el Consejo para la Transparencia falló a favor de la apertura de los datos, con la única salvedad de proteger los antecedentes financieros, contables y tributarios. Ante esta resolución, AquaChile presentó un reclamo de ilegalidad que fue rechazado contundentemente por el tribunal de alzada puertomontino.
Implicancias para la industria salmonera
La entrega de estos antecedentes resulta clave para las organizaciones ciudadanas que buscan ejercer un mayor control y fiscalización sobre las decisiones administrativas del Estado en materia acuícola. La situación cobra aún más relevancia ante los recientes anuncios gubernamentales que apuntan a agilizar los procesos de relocalización y evaluar posibles modificaciones a la legislación vigente.
Desde la industria, sin embargo, la respuesta no se ha hecho esperar. Tras ser notificada de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, AquaChile decidió escalar la controversia judicial presentando un recurso de queja ante la Corte Suprema, con el objetivo de revertir la medida y mantener la confidencialidad de sus negociaciones con el Estado.