Una investigación en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt ha revelado una presunta red de corrupción que involucraría a siete gendarmes y una funcionaria civil. Los antecedentes, que abarcan hechos ocurridos entre 2023 y 2025, describen una "red delictual" dentro del penal, cuyas imputaciones consideran delitos como cohecho, soborno, lavado de activos y asociación criminal.
Detalles de la Red Delictual
La operación de esta red habría facilitado el ingreso de elementos prohibidos y prácticas irregulares al interior de la unidad penal. Entre los artículos mencionados se encuentran alcohol, específicamente ron, fármacos como sildenafil (Viagra) y alimentos preparados, como sushi, destinados a uso ilícito. Además, se habrían realizado cobros por un supuesto "derecho a baño", que habría permitido encuentros sexuales entre visitas y reclusos. La red también habría gestionado "módulos bancarios" para llevar a cabo estafas y cobros irregulares dentro de la cárcel.
Mecanismos Financieros y Apoyo Externo
La investigación ha sacado a la luz la existencia de un tarifario para estos servicios ilícitos y un sistema de ingresos que operaba a través de una red de apoyo externa. Una funcionaria civil habría sido parte fundamental de este esquema, utilizando cuentas bancarias para recibir pagos de familiares de los presos. Se ha señalado, además, el uso de la cuenta bancaria de una menor de 14 años para la triangulación de dineros, lo que añade otra arista a la complejidad de la presunta red de corrupción.
Formalización y Medidas Cautelares
Las diligencias judiciales iniciales han llevado a que, a mediados de enero de 2026, se discutieran las medidas cautelares para los implicados. Como resultado de la formalización, los siete gendarmes imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que la audiencia y los detalles del proceso legal se mantienen en curso para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.