El proyecto de ley que busca cerrarle los puertos al crimen organizado, que firmaron los dos senadores de derecha de Los Lagos, Carlos Kuschel (RN) e Iván Moreira (UDI), dio un nuevo paso esta semana en el Senado. La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, que preside Kuschel, escuchó a la PDI y a la Fiscalía, y acordó crear una mesa técnica para revisar las indicaciones al texto.
La moción la presentaron en julio la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a Kuschel, Moreira, Iván Flores y Cristián Vial. En agosto, la Sala la aprobó en general por unanimidad, y el Ejecutivo la priorizó dentro de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que anunció el presidente José Antonio Kast.
¿Qué cambia el proyecto en los puertos?
La iniciativa impone obligaciones de trazabilidad, prevención, coordinación, gestión de riesgos y responsabilidad penal a quienes participan en la cadena de comercio exterior. Entre sus puntos centrales:
- Reconoce a los puertos como recintos de especial riesgo logístico.
- Fortalece la trazabilidad de la carga y la inteligencia aduanera.
- Aumenta las penas cuando se usa la infraestructura o las credenciales portuarias para cometer delitos.
«La infraestructura portuaria es un área estratégica de la seguridad nacional, pero también es un objetivo para organizaciones criminales, las que contaminan carga y falsifican documentación», dijo Kuschel al informar el proyecto en la Sala.
¿Por qué ahora?
En el debate de agosto, los senadores advirtieron que los servicios que operan en los puertos funcionan «de manera autónoma, no coordinada», y que de los cerca de 4 millones de contenedores que llegan a los puertos chilenos se fiscaliza apenas el 3%. También recordaron la mayor incautación de droga de la historia del país, en junio: 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas en tablones de madera que venían de Bolivia, detectadas en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.
¿Qué dijeron la PDI y la Fiscalía?
El jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, Erick Menay, y el director de la unidad de crimen organizado y drogas de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, valoraron el proyecto y propusieron cambios. Pidieron un enfoque preventivo que abarque la cadena completa, incluidos concesionarios, operadores y prestadores de servicios, además de más trazabilidad de las mercancías y nuevas herramientas de investigación.
La comisión invitará ahora al Servicio Nacional de Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos. El proyecto sigue en su primer trámite.
¿Qué tiene que ver con Los Lagos?
Lo impulsan dos de los tres senadores de la circunscripción, y las nuevas exigencias recaerán sobre todo en las concesionarias portuarias, como Empormontt en Puerto Montt. En el debate se advirtió que esos cambios implican costos que esas empresas deberán asumir. Empormontt ya había organizado un seminario sobre crimen organizado en 2025, y este año estrenó gerente general.
Fuente: Senado de la República. Imagen de archivo.