La diputada por el Distrito 25 de la Región de Los Lagos, Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario), emplazó al Gobierno a poner urgencia al proyecto de ley que obligaría a las organizaciones no gubernamentales domiciliadas en Chile a transparentar todos los recursos que reciben desde el extranjero.
El llamado surge después de que la parlamentaria repudiara denuncias presentadas por dos ONG ante instancias internacionales sobre presuntos casos de trabajo forzoso en la industria salmonera y agrícola del país. A juicio de la diputada, esas denuncias contienen información falsa.
¿Qué dijo la parlamentaria?
"Repudiamos de forma tajante que estas ONG hayan ido a mentir literalmente y descaradamente, enlodando el honor y el prestigio de nuestro país a nivel internacional con acusaciones que no tienen ningún fundamento", sostuvo.
Muñoz informó además que ofició al Ministerio de Justicia y al Servicio de Impuestos Internos para solicitar antecedentes que permitan esclarecer el origen del financiamiento de esas organizaciones. Según explicó, existirían antecedentes que hacen presumir que algunas ONG estarían recibiendo recursos desde el extranjero con el propósito de obstaculizar proyectos de inversión y frenar el desarrollo económico del país, situación que, a su juicio, debe ser investigada por las autoridades competentes.
La diputada también mencionó los antecedentes conocidos en marzo de este año sobre aportes de una organización extranjera a comunidades lafkenche, vinculados a conflictos por proyectos salmoneros, para argumentar la necesidad de avanzar en mecanismos de transparencia.
¿Por qué importa en la región?
El punto tiene un anclaje directo en Los Lagos. La salmonicultura es la principal actividad exportadora de la región y concentra buena parte del empleo de las comunas costeras, desde Puerto Montt y Calbuco hasta Chiloé. Una denuncia internacional por condiciones laborales en ese rubro afecta la posición comercial de una industria de la que depende una parte importante del ingreso regional.
Al mismo tiempo, los conflictos entre proyectos acuícolas y comunidades costeras han sido un tema recurrente en el archipiélago, donde la aplicación de la Ley Lafkenche ha estado en discusión.
El proyecto de ley al que la diputada pide urgencia fue presentado por ella en abril de este año y busca establecer la obligación de informar los aportes internacionales que reciben las ONG con domicilio en Chile.
Cabe precisar que las afirmaciones sobre la falsedad de las denuncias corresponden a la parlamentaria: hasta ahora no hay un pronunciamiento de las organizaciones aludidas ni una resolución de las instancias internacionales ante las que se presentaron.
Fuente: comunicado de prensa de la diputada Paulina Muñoz