La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025. Estos funcionarios tenían una prohibición legal expresa para efectuar apuestas, según lo estipulado en el artículo 10 de la Ley N° 19.995.
Detalles de la Investigación de Contraloría
El informe de la CGR, basado en el Consolidado de Investigación Circularizada (CIC) N° 20, destaca que una fracción de estos funcionarios concentra la mayor parte de los montos transados. Específicamente, 181 personas acumulan el 96,8% del total, lo que equivale a $11.118.431.956. En varios de estos casos, las sumas apostadas son desproporcionadas en relación con sus remuneraciones. Se identificaron situaciones con cifras individuales que superan los $1.000 millones, como el de un suboficial de la Fuerza Aérea que registró transacciones por $1.040.426.820.
La metodología empleada por la Contraloría consistió en un cruce de datos entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos y, por lo tanto, deben rendir caución, y la información de operaciones en casinos de juego proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). En este proceso, se advirtieron posibles deficiencias en los datos entregados por los operadores de casinos.
Entidades con Mayores Montos Transados y Acciones Futuras
El informe de la CGR identifica a diversas instituciones públicas y municipalidades donde sus funcionarios concentran los mayores montos apostados. Entre ellas se encuentran la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y varias municipalidades, entre otros organismos del Estado. Los 20 mayores montos transados superan los $5.392 millones, involucrando a funcionarios que ocupaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría General de la República derivará los antecedentes a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios correspondientes. Asimismo, enviará la información a los respectivos servicios públicos y municipalidades para que inicien los procedimientos disciplinarios pertinentes. Los antecedentes también serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, dada la gravedad de los montos y la prohibición legal.