Columna de opinión. El texto es responsabilidad de quien lo firma y no representa necesariamente la línea editorial de FrutillarHoy.
Según la Asociación Chilena de Ética y Compliance (ACEC), el 72 % de las empresas no está preparada para cumplir la Ley N° 21.719 y solo un 9 % lo está. En la asesoría diaria vemos que la mayoría trata esta ley como un tema tecnológico, ignorando que es un deber exigible. Existen brechas de responsabilidad graves: datos dispersos en Excel, envíos sensibles por WhatsApp y contratos incompletos. Muchas ignoran qué datos tratan, olvidando que la norma alcanza a toda organización, incluidas pymes y fundaciones.
Ante este escenario, el proyecto para posponer la vigencia de la ley hasta 2027, consideramos, es un error. Primero, premia al que no se ha preparado, perjudicando a las empresas que ya asumieron costos de cumplimiento. Segundo, genera incertidumbre, ya que cada anuncio de prórroga alimenta la idea de que cumplir es negociable. Tercero, mantiene desprotegidas a las personas frente a vulnerabilidades, al retrasar el actuar de la nueva Agencia de Protección de Datos y dejarnos atrás de estándares internacionales.
Nuestra recomendación es no esperar la prórroga y asumir la fecha original como meta. Se debe avanzar de inmediato en levantar inventarios, definir bases de licitud, revisar accesos, preparar los RAT y designar un responsable. Quien actúe hoy tendrá ventaja real; quien espere, repetirá su indefensión el próximo año.
Rodrigo Rojas es consejero legal de MBA Chile y profesor y miembro del Observatorio de Derecho y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
Fotografía cedida por MBA Chile.