Un mirador y un tótem interactivo con información turística, ubicados en el sector Los Bajos de Quilanto, en Frutillar, fueron demolidos luego de que un particular solicitara su retiro alegando que las estructuras estaban emplazadas en un terreno de su propiedad.
Las obras habían sido construidas con recursos públicos gestionados a través del Gobierno Regional y Sernatur, con el objetivo de fortalecer la oferta turística del sector y entregar información a los visitantes.
Dos versiones sobre el terreno
Según los antecedentes conocidos, el propietario del predio sostuvo que las estructuras ocupaban parte de un terreno privado, y por eso pidió su retiro. Esa gestión terminó en la demolición del mirador y del tótem informativo.
Exautoridades de Frutillar sostienen una versión distinta. Afirman que antes de ejecutar el proyecto se realizaron estudios de suelo y de dominio que concluyeron que las obras se levantaban en una faja fiscal, razón por la cual cuestionan la decisión adoptada.
La controversia no es nueva: el proyecto ya había sido denunciado ante la Contraloría General de la República para que determinara si la construcción se hizo en un bien nacional de uso público o en un terreno privado. Ese pronunciamiento será clave para establecer si hubo errores en la planificación, en la delimitación de los terrenos o en la ejecución de obras financiadas con recursos fiscales.
Quién ordenó la demolición
Consultado por la situación, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, confirmó que fueron funcionarios municipales quienes ejecutaron la demolición de las estructuras.
El jefe comunal precisó, sin embargo, que la acción no obedeció a una instrucción directa suya, y agregó que el municipio se encuentra realizando un análisis jurídico para esclarecer cómo fue posible construir infraestructura financiada con fondos públicos en un lugar cuya propiedad hoy está en disputa.
Las preguntas que quedan abiertas
El caso deja varios asuntos por resolver en las instancias correspondientes:
- Si el terreno donde se emplazó el proyecto era efectivamente una faja fiscal o un predio privado.
- Si existieron errores administrativos durante el diseño y la ejecución de la iniciativa.
- Qué organismo deberá asumir la eventual responsabilidad por la pérdida de infraestructura pagada con recursos públicos.
- Si corresponde iniciar acciones para recuperar los fondos invertidos o establecer responsabilidades administrativas.
Mientras avanza la revisión jurídica municipal, se espera que los antecedentes sean analizados también por la Contraloría, organismo que deberá determinar si hubo irregularidades en el uso de los recursos y en la ejecución del proyecto turístico. Hasta ahora no existe un pronunciamiento que establezca responsabilidades.
Información de InterradioTV.