La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ha ratificado una importante condena que obliga a la empresa Gestión Ambiente S.A. y a la Municipalidad de Quellón a indemnizar con 600 millones de pesos a dos trabajadores que sufrieron graves amputaciones en un accidente laboral en agosto de 2021. Este fallo establece un precedente significativo a nivel nacional en materia de seguridad laboral.
Indemnización por Accidente Laboral: Un Fallo Histórico
El trágico incidente ocurrió mientras José Oyarzo y Carlos Villegas, recolectores de basura en Quellón, eran transportados en las pisaderas traseras de un camión. Fueron impactados por un bus cuyo conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Las lesiones resultantes fueron de extrema gravedad, culminando en la amputación de varias de sus extremidades. La sentencia judicial, emitida de forma unánime, subraya que la práctica de trasladar a trabajadores en la parte trasera de vehículos de recolección es no solo peligrosa, sino también ilegal, constituyendo una clara violación a la obligación de proteger la vida y salud de los empleados.
Un informe técnico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) fue determinante, confirmando que el accidente pudo haberse evitado si los afectados hubieran sido trasladados dentro de la cabina del camión, cumpliendo así con la normativa vigente. El abogado Francisco Paredes, del estudio jurídico Adams Legal, quien representó a los trabajadores, destacó la relevancia de este veredicto, señalando que «marca un precedente a nivel nacional, pues ayudaría a que se deje de usar esa modalidad de transporte».
Implicaciones y Reacciones al Veredicto
La resolución de la Corte de Apelaciones ha generado diversas reacciones y acciones a nivel político y municipal. El senador Fidel Espinoza, al conocer el veredicto, anunció la creación de una mesa de trabajo que incluirá a municipalidades de todo el país. El objetivo principal de esta iniciativa es establecer exigencias rigurosas en las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos. La meta es clara: prohibir el traslado de personal en condiciones de riesgo, incluso si estas prácticas se habían normalizado con el tiempo.
Por su parte, el alcalde de Quellón, Claudio Barudy, expresó su pesar por lo sucedido y afirmó que el municipio acatará la sentencia, que implica el pago de 300 millones de pesos para cada uno de los trabajadores afectados.
- ⚖️ La condena ratificada asciende a 600 millones de pesos, distribuidos entre ambos trabajadores.
- 🚫 La sentencia declara ilegal y peligrosa la práctica de trasladar personal en las pisaderas de camiones.
- 🤝 Se espera que el fallo impulse a empresas y municipios a revisar y mejorar sus protocolos de seguridad laboral.
Este caso no solo representa una victoria para los trabajadores afectados, sino que también sirve como una advertencia a las empresas y municipalidades. Ambas partes comparten una responsabilidad solidaria en lo que respecta a la seguridad y bienestar de los trabajadores, y la falta de fiscalización en estas prácticas podría acarrear serias consecuencias administrativas y patrimoniales para los municipios. Este precedente insta a una revisión profunda de los protocolos de transporte y seguridad para evitar futuras tragedias.
