Un verdadero terremoto político ha generado la revelación de una auditoría externa al Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, la cual detectó la alarmante cifra de $80 mil millones de pesos sin respaldo ni rendición durante la gestión del exgobernador Luciano Rivas. El actual gobernador, René Saffirio, ha calificado los hechos como parte de una estructura de «crimen organizado».
Una Denuncia de Alto Calibre
La auditoría, solicitada por Saffirio al asumir su cargo y realizada por la consultora Fortunato y Asociados, abarcó el período 2022-2024. Las conclusiones son contundentes y apuntan a una grave falta de control en la asignación de recursos públicos, que fueron transferidos principalmente a privados, fundaciones y universidades.
«No existe en el ámbito de los gobiernos regionales ningún caso que llegue a estas cifras», declaró Saffirio, dimensionando la magnitud del hallazgo, que representa cerca del 40% del presupuesto anual de la institución. 💣
Las Cifras del Escándalo
El informe contable arrojó una «abstención de opinión», un término técnico que se utiliza cuando es imposible verificar el destino de una cantidad tan significativa de dinero. Los principales puntos son:
- 💰 $80 mil millones: Monto total transferido sin los debidos comprobantes.
- 🎓 $18 mil millones: Cifra específica sin rendir por parte de cuatro universidades de la región.
- 🏠 $756 mil millones: Valor de propiedades y bienes que no fueron transferidos a sus destinatarios finales.
Acusaciones de «Crimen Organizado»
Para el gobernador Saffirio, estos hechos no son casuales. Ha acusado directamente la existencia de una red de «crimen organizado» al interior del GORE, donde el órgano «se compromete en su conjunto en acciones que nos llevan a resultados como este».
Las acusaciones también apuntan a la responsabilidad del exgobernador Luciano Rivas, quien figura como imputado en una de las 17 investigaciones que la fiscalía ya tiene en curso por delitos como fraude al fisco, soborno y lavado de dinero. ⚖️
Este escándalo abre un nuevo capítulo en el llamado «Caso Convenios» y pone en tela de juicio la probidad en la gestión de los fondos públicos a nivel regional. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas acciones legales y reacciones de los implicados.