El Presidente Gabriel Boric Font ha confirmado el cierre definitivo del penal Punta Peuco, recinto que hasta ahora albergaba de forma exclusiva a condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar. La medida se oficializó después de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto que lo transforma en un centro penitenciario común, cumpliendo con el compromiso anunciado por el Mandatario en su última Cuenta Pública.
Un Paso Hacia la Igualdad Ante la Ley
Ubicado en la comuna de Til Til, en la Región Metropolitana, el establecimiento dejará de operar con condiciones diferenciadas para integrarse al sistema penitenciario regular bajo la administración de Gendarmería de Chile. El Presidente Boric enfatizó que esta decisión constituye un avance significativo en materia de justicia democrática e igualdad.
“Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Las plazas serán distribuidas según criterios de seguridad y no de privilegio”, declaró el Mandatario. ⚖️ Agregó que no existía justificación para mantener un penal con características especiales para estos internos, subrayando que la medida fortalece el Estado de Derecho.
Detalles del Proceso de Transformación
Con este cambio, el recinto pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til y su funcionamiento se regirá por los mismos criterios que el resto de las prisiones del país. El proceso de transición será gradual y se espera que concluya entre finales de 2025 y principios de 2026.
Las etapas para completar esta transformación incluyen:
* Cambios administrativos: La gestión quedará completamente bajo las normativas de Gendarmería.
* Obras de adecuación: Se realizarán las modificaciones estructurales necesarias para su nuevo propósito.
* Nuevas licitaciones: Se ajustarán los contratos y servicios al estándar del sistema penitenciario común.
Un Hito en la Memoria Histórica de Chile
Punta Peuco albergaba a militares y agentes del Estado sentenciados por delitos como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1973 y 1990. La decisión ha sido valorada por organizaciones de derechos humanos como un avance hacia la igualdad jurídica, mientras que algunos sectores conservadores han expresado críticas, argumentando la edad avanzada de varios de los reclusos.
El cierre de este recinto se suma a antecedentes como la clausura del Penal Cordillera hace más de una década, también destinado a represores de la dictadura. Con esta medida, el gobierno busca reafirmar los compromisos internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos y memoria histórica, cerrando un controvertido capítulo en la política penitenciaria del país. “La justicia nunca es provocación. En Chile, todos deben ser iguales ante la ley”, concluyó el Presidente Boric.