Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Chile ha ratificado un histórico pago de 600 millones de pesos a dos trabajadores recolectores de basura que sufrieron graves amputaciones tras un accidente laboral en Quellón, en agosto de 2021. Este fallo, considerado un precedente significativo en la defensa de los derechos laborales, subraya la responsabilidad compartida de la empresa Gestión Ambiente S.A. y la Municipalidad de Quellón en garantizar la seguridad de sus empleados.
Trágico Accidente: Las Consecuencias para los Trabajadores
El incidente ocurrió mientras José Oyarzo y Carlos Villegas eran trasladados en las pisaderas traseras de un camión recolector de basura. Esta práctica, que incumple la normativa vigente que exige el transporte seguro de trabajadores dentro de la cabina, los expuso a un riesgo inminente. Ambos fueron impactados por un bus cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad, resultando en lesiones de extrema gravedad.
Los trabajadores sufrieron devastadoras consecuencias:
* 👉 Uno de ellos perdió ambas piernas.
* 👉 El otro sufrió la amputación de una pierna.
Ambos quedaron con secuelas permanentes, alterando drásticamente sus vidas y su capacidad para trabajar.
Un informe técnico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) fue crucial en el proceso judicial, al determinar que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran cumplido las normativas de seguridad en el transporte de personal. El conductor del bus, responsable del impacto, fue sentenciado a cinco años de prisión, con la posibilidad de cumplir la pena bajo libertad vigilada intensiva.
Recorrido Judicial y Repercusiones del Fallo
El caso inició en el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, que dictaminó la indemnización por daño moral a cada trabajador. Esta decisión fue confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y, finalmente, por la Corte Suprema, estableciendo la condena solidaria tanto para la empresa como para el municipio. El alcalde de Quellón ha manifestado que acatarán la resolución judicial.
El senador Fidel Espinoza ha calificado este fallo como un hito para la defensa de los derechos laborales, enfatizando la obligación de empresas y municipios de velar por condiciones de trabajo seguras, especialmente en el sector de la recolección de residuos. Ante esto, el senador ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para reforzar la seguridad en el transporte de trabajadores. Además, ha instado a la Contraloría General de la República a establecer exigencias más rigurosas en los procesos de licitación, con el fin de que las empresas incorporen tecnología y vehículos que garanticen la integridad de sus empleados.
Un Llamado a la Acción para la Seguridad Laboral en la Región de Los Lagos
Este lamentable suceso y la contundente resolución judicial han desatado un debate nacional sobre las condiciones laborales en Chile y la responsabilidad de los empleadores en la protección de la vida y salud de sus trabajadores. En la Región de Los Lagos, el caso ha puesto en relieve la necesidad de revisar y fortalecer las prácticas de seguridad, especialmente en labores de alto riesgo como la recolección de residuos.
El abogado de los afectados, Francisco Paredes, destacó que este fallo sienta un precedente a nivel nacional para erradicar el transporte inseguro de trabajadores y reafirmar el resguardo de sus derechos fundamentales. La comunidad de Frutillar, al igual que otras ciudades de la Región de Los Lagos como Puerto Varas, Llanquihue, Osorno y Puerto Montt, sigue de cerca estos desarrollos, consciente de la importancia de proteger a quienes realizan labores esenciales para el bienestar de la ciudadanía. Es una preocupación compartida que este tipo de accidentes no se repitan y que se implementen medidas concretas para salvaguardar la vida de todos los trabajadores.